La justicia porteña y un stop a la venta de Costa Salguero

La justicia porteña suspendió la venta de los terrenos de Costa Salguero al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 aprobada en el 2019 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El juez Leonardo Furchi declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero, donde el gobierno porteño busca construir un conglomerado de edificios con vista al río. Este proyecto se contrapone al de organizaciones sociales y políticas que pugnan por diseñar allí mismo un espacio verde y público ribereño. Desde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de la Ciudad de Buenos Aires finalmente se hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos (FdT).

El planteo del amparo -también acompañado por la Fundación Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes-, se basó en que la Ley había sido aprobada sin pasar por las instancias de audiencia pública y doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para los proyectos que involucran terrenos de dominio público.

También se señaló en este documento judicial presentado ante el juez Furchi que “la conducta del Gobierno de la Ciudad lesiona el derecho de todo habitante de la ciudad a participar en la elaboración de las políticas públicas y en la discusión de proyectos de ley”.

En su fallo, Furchi consideró “razonable concluir que la ley que aquí se cuestiona debió haber sido precedida por el tratamiento legislativo diferenciado establecido en la Constitución local en tanto el inmueble objeto de la litis se trata de un bien de dominio público cuya desafectación requería de la realización de la audiencia pública (art. 63) y del procedimiento de doble lectura (arts. 89 y 90)”.

Mientras tanto, en la legislatura porteña avanzan con el tratamiento en segunda lectura del proyecto de rezonificación de los terrenos de los terrenos que fue aprobado en primera instancia en octubre de 2020 y que estipula la construcción de un barrio náutico con torres de más de 18 metros de altura. Cabe destacar que en la audiencia pública realizada hace meses y que tuvo un récord histórico de 7.053 inscriptos, el 97,3% de los expositores se manifestaron en contra de destinar las tierras a negocios inmobiliarios.

Una gran participación colectiva y ciudadana.  

Por último, es importante destacar que marzo de este año comenzó la campaña para conseguir las firmas necesarias para obligar a la legislatura a tratar la iniciativa popular para la creación de un parque público.

“Esta sentencia es el conquista y el reconocimiento de una gran lucha colectiva socioambiental. Hace más de 25 años que venimos defendiendo que la costanera tiene ser pública, no tiene que ser privatizada”, manifestó Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad; por su parte la diputada Cerruti argumentó que “la movilización colectiva y popular de las organizaciones sociales, políticas y ambientales hacen que, por primera vez en la historia de la Ciudad, la discusión de qué vamos a hacer con el río esté puesta en el tapete”.