Voces diversas por el centro de menores de Castañares

Los vecinos del Bajo Flores se movilizaron ante el proyecto que trató la construcción de un Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa. Pero también se escucharon opiniones a favor del proyecto. 

La semana pasada se realizó la audiencia pública en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el proyecto del Gobierno porteño que busca instalar el denominado Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa en el Bajo Flores.

Por su parte, los vecinos del barrio se opusieron a esta posibilidad y reclamaron la construcción de viviendas y más escuelas en la zona.

El Centro de Menores fue definido como un “establecimiento institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes imputados por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Federal», según lo establece la ley.

Por lo que, el nuevo edificio tendría como función alojar a menores privados de su libertad y requiere que antes se vendan diferentes inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires.

El reclamo generalizado de los vecinos de la zona fue por un polo educativo, la instalación de servicios para las más de 60 mil personas que viven en los barrios Ricciardelli, Illia y Rivadavia, la instalación de espacios deportivos y la mejora de las calles internas, elementos considerados más necesarios que la institución para menores.

Desde el gobierno porteño explicaron que el centro dependerá del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad y se ubicará en Bonorino y Castañares.

El edificio tendrá dos pisos y costará unos 18 millones de dólares, los cuales se conseguirán con la venta de tres inmuebles públicos en donde funcionan o funcionaron institutos de menores (Centro Socioeducativo José de San Martín en Parque Chacabuco, Centro de Admisión y Derivación Llona Úrsula Inchausti en Balvanera y el Centro de Menores Manuel Rocca en Monte Castro).

En diciembre pasado, la iniciativa tuvo su primera aprobación. Sin embargo, para su implementación requiere de una segunda sanción y la realización de la audiencia pública para que opinen los ciudadanos, en donde hubo voces a favor y en contra.

En el Salón Dorado de la Legislatura se presentaron 131 oradores.

Julián Cappa, integrante de la Junta Comunal N° 7, pidió que no se vulnere el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el nuevo edificio y el Padre Juan, de la Parroquia Madres del Pueblo, remarcó que el barrio Rodolfo Riciardelli “no tiene un jardín, ni escuela” y que “si tenemos verdadero interés socioeducativo, es necesario crear centros de prevención para niños y adolescentes”.

La consigna “menos cárceles y más escuelas” se escuchó en varios discursos en donde también se pidió prioridad a los jardines de infantes con jornada completa.

En el mismo sentido, Fernando Moya, integrante de la Junta Comunal 10, resaltó que por las ventas de los predios se recaudarían unos 145 millones de dólares y criticó que esos inmuebles fueran declarados innecesarios.

Por otro lado, Alicia Blasco, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expresó que los Centros San Martín, Rocca y Manuel Belgrano “no cumplen los requisitos mínimos de seguridad” y planteó que el nuevo establecimiento tendrá “un centro de formación profesional, un espacio de salud, un lugar para que los adolescentes puedan dignificar su permanencia” y de esa manera en el futuro “integrarse a la sociedad”.

A su vez, Sonia Terreno, titular de la Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, valoró que el nuevo edificio contará con “espacios deportivos y áreas verdes”, y Jorge Aragón, ex legislador, señaló que “parece que tienen buenas intenciones, mejorar las condiciones de los chicos que caen presos”.

Ph: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.