Otro acuerdo contra el patrimonio

Con un extenso juicio como antecedente, el gobierno porteño ideó un convenio urbanístico para levantar una torre en Córdoba y Reconquista, afectando un convento lindero. El área es de protección histórica y se debatirá en la legislatura a fines de este mes. Es una de las zonas más antiguas de Buenos Aires.

El gobierno porteño busca emplazar una torre de 72 metros en el microcentro. Ello no sería mucho decir si se agrega que la circunscripción de este proyecto se enmarca en un Área de Protección Histórica (APH) y que ya hicieron un convenio urbanístico con la desarrolladora Nahuente SRL, que está siendo debatido en las comisiones de la legislatura.

La primera lectura se realizará el 30 de septiembre, pero el antecedente de este caso es un extenso litigio judicial donde diversas organizaciones en defensa del patrimonio pudieron frenar los trabajos para construir una torre con oficinas, un hotel, un centro comercial y tres subsuelos para estacionamientos en el año 2011.

Esta zona es considerada una de las más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, San Martín y Viamonte.

El terreno en cuestión linda con la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena, ambos construidos en la época colonial, cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano y jesuita Giovanni Andrea Blanqui, y fueron declarados Monumento Histórico Nacional.

En la actualidad funciona un estacionamiento y lo que quieren con el convenio urbanístico es levantar una construcción en altura y a modo de contraprestación financiar la creación de un “espacio público de acceso libre y público” en la misma parcela, con la obligación que tenga un 50% de suelo verde.

¿Qué dice la empresa desarrolladora?

El gerente de Nahuente SRL, José Manuel Díaz, dijo que “los sucesivos fallos que hubo en primera y segunda instancia y en el Tribunal Superior de Justicia tuvieron fundamentos erróneos. Las conversaciones con el gobierno porteño vienen desde hace años y nos plantearon que este convenio urbanístico era ahora la forma de solucionar el problema porque ellos nos habían dado un permiso de obra con la que no pudimos avanzar y seguramente veían allí un potencial juicio”.

¿Y las organizaciones que defienden el patrimonio?

Desde la asociación Basta de Demoler, María del Carmen Arias Usandivaras indicó que el convenio “es ilegal y está en contra de un amparo que obtuvimos en el 2013 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2016”.

Presentaron a mediados del año pasado un proyecto para expropiar el predio y transformarlo en un espacio verde, incluso la legisladora de la oposición María Bielli pidió que eta iniciativa sea parte de este debate, pero no tuvo éxito y la solicitud fue denegada por el bloque de Juntos por el Cambio.

“La construcción de la torre de 23 pisos podría afectar al convento ya que va a dejarlo en sombra por su orientación al norte, lo que podría afectar las condiciones del monumento histórico que necesita de asoleamiento para evitar que la humedad afecte su conservación”, advirtió Bielli y dejó la opinión en firme antes del primer debate en el recinto.