La batalla por los espacios verdes 

Parque Chacabuco y los nuevos servicios en plazas y parques: el debate que reabre la discusión sobre el espacio público en la Ciudad

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La iniciativa del Gobierno porteño para instalar cafeterías, baños y otros servicios en 16 espacios verdes incluye a uno de los parques más importantes de la Comuna 7. Mientras el oficialismo habla de mejoras para los vecinos sin costo para el Estado, organizaciones urbanas y sectores de la oposición advierten sobre los límites entre la incorporación de servicios y la privatización del espacio público.

El Parque Chacabuco volvió a quedar en el centro de una discusión que trasciende ampliamente al barrio. La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de avanzar con una licitación para instalar servicios privados en 16 parques y plazas porteñas reabrió un debate histórico sobre el uso, la gestión y la protección de los espacios verdes.

Para quienes utilizan a diario el parque de la Comuna 7, la discusión no es menor. Se trata de uno de los principales pulmones verdes de la zona sur y centro de la Ciudad, un espacio de encuentro para familias, deportistas, estudiantes, adultos mayores y organizaciones barriales. Por eso, cualquier intervención genera atención, expectativas y también interrogantes.

La propuesta forma parte de una política impulsada por la gestión de Jorge Macri para incorporar nuevos servicios en grandes espacios verdes mediante inversión privada. Sin embargo, la iniciativa también despertó críticas de especialistas, organizaciones vecinales y sectores políticos que cuestionan tanto el alcance de las concesiones como el marco normativo que las regula.

Qué propone el Gobierno porteño La licitación contempla la construcción e instalación de «núcleos de servicios» en 16 parques y plazas de más de cinco hectáreas distribuidos en distintos barrios de la Ciudad.

Además de Parque Chacabuco, el listado incluye al Parque Los Andes, Parque La Isla, Parque de las Américas, Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Parque Indoamericano, Plaza España, Parque Micaela Bastidas, Parque Mujeres Argentinas, Parque de los Patricios, Parque Thays, Plaza Sicilia, Parque Velódromo de la Ciudad, Parque Ernesto Jaimovich y Plaza Florencio Sánchez.

Según informó el Gobierno porteño, los espacios concesionados permitirán incorporar cafeterías, baños públicos, bicicleteros, conectividad Wi-Fi, iluminación y sectores de lectura o biblioteca. La inversión estimada asciende a 4,6 millones de dólares y estará a cargo de empresas privadas.

Los permisos tendrán una duración inicial de cinco años. Una vez recuperada la inversión comprometida, los adjudicatarios comenzarán a pagar un canon mensual fijado como base por el Banco Ciudad. En el caso de Parque Chacabuco, el canon establecido en el pliego es de 1.120.000 pesos mensuales.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió públicamente la iniciativa. «Abrimos la licitación para sumar cafés y baños en parques y plazas de la Ciudad. Como en las mejores ciudades del mundo. Y sin costarle un peso a los porteños», sostuvo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, afirmó que «el proyecto permitirá mejorar la experiencia de los usuarios, generar empleo y promover actividad económica sin demandar recursos adicionales del presupuesto público».

Desde el oficialismo rechazan que pueda hablarse de privatización. Argumentan que los parques seguirán siendo públicos, gratuitos y de libre acceso, y que los nuevos servicios ocuparán una superficie reducida dentro de predios de gran tamaño.

Las críticas y los pedidos de informes Organizaciones vecinales, especialistas en urbanismo y sectores de la oposición sostienen que el debate no puede reducirse a la incorporación de cafeterías o baños públicos. Entre las principales preocupaciones aparece la posibilidad de una «privatización funcional» de los espacios verdes, es decir, que determinadas áreas queden progresivamente vinculadas a actividades comerciales privadas.

También existen dudas sobre los mecanismos de control, el impacto ambiental de las obras y la posibilidad de que los sectores concesionados se expandan con mesas, cerramientos u otras instalaciones que alteren el uso habitual de los parques.

En este contexto, legisladores de Unión por la Patria presentaron pedidos de informes para conocer detalles sobre los estudios ambientales realizados, la metodología utilizada para fijar los cánones y las instancias de participación ciudadana previstas durante el proceso.

Entre los puntos planteados también aparecen consultas sobre preservación del arbolado, gestión de residuos, eficiencia energética y mecanismos de auditoría durante la explotación de los espacios concesionados.

La discusión de fondo: la protección de los espacios verdes El debate se amplificó aún más durante junio cuando la Legislatura porteña trató la denominada «Ley de Hojarasca», un proyecto impulsado por el oficialismo para derogar normas consideradas obsoletas o superadas por legislación posterior.

Entre ellas apareció la Ordenanza 46.229, sancionada en 1993, que prohíbe otorgar concesiones, permisos de uso, cesiones o cambios de destino sobre parques, plazas, plazoletas y otros espacios verdes públicos.

Para organizaciones urbanas, la posible eliminación de esa norma representa una discusión incluso más relevante que la propia licitación.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el abogado Jonatan Baldiviezo y la ingeniera María Eva Koutsovitis sostuvieron en un informe difundido durante el debate legislativo que «la ordenanza constituye uno de los principales resguardos legales frente a la comercialización de los espacios verdes».

A su entender, la norma mantiene plena vigencia y continúa siendo referenciada por leyes posteriores. Su derogación, señalaron, «otorgaría mayores facultades al Poder Ejecutivo para avanzar con concesiones y cambios de uso en parques y plazas».

Además, cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para impulsar la medida, al considerar que «una modificación de estas características debería incluir instancias más amplias de participación ciudadana».

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la llamada «Ley de Hojarasca» apunta a simplificar y ordenar el entramado normativo porteño mediante la eliminación de regulaciones consideradas desactualizadas o redundantes.

Un debate que atraviesa a toda la Ciudad La discusión sobre el rol de la actividad privada en el espacio público no es nueva en Buenos Aires. Durante las últimas décadas, distintos gobiernos impulsaron concesiones, permisos de uso e intervenciones en parques, plazas y otros predios públicos.

Algunas iniciativas lograron consenso cuando permitieron incorporar servicios reclamados por los vecinos. Otras, en cambio, generaron fuertes controversias por entenderse como avances sobre terrenos de uso común.

La actual discusión también se vincula con otros proyectos urbanos impulsados en distintos puntos de la Ciudad, como las propuestas para construir estacionamientos subterráneos en sectores de Plaza Armenia y Parque España, iniciativas que también despertaron objeciones de organizaciones vecinales y ambientales.

En ese contexto, especialistas recuerdan que Buenos Aires continúa teniendo una cantidad de superficie verde por habitante inferior a la recomendada por organismos internacionales, por lo que cualquier intervención sobre parques y plazas suele generar un fuerte nivel de atención pública.