A días de la sanción de la ley que amplía las facultades de Horacio Rodríguez […]
Publicado el 9 mayo, 2020 por Nicolás Rosales
A días de la sanción de la ley que amplía las facultades de Horacio Rodríguez Larreta, las voces políticas opositoras dieron argumentos en rechazo a lo votado en el recinto. La suspensión de la vigencia de las leyes, la modificación de permisos y concesiones y el control del presupuesto son las principales preocupaciones.
En la jerga criolla se dice: Le otorgaron a Horacio Rodríguez Larreta la suma del poder público. La legislatura porteña tiene prohibido por la Constitución delegar facultades sin excepción (Art. 84). Además este tipo de proyecto de ley deberían votarse con 40 votos y doble lectura (no 31 votos y simple lectura). Sin embargo, todo esto es un hecho en la Ciudad de Buenos Aires y la ley de Emergencia Económica y Financiera tiene este estatus desde el jueves 7 de mayo y regirá hasta el 31 de diciembre.
¿Qué votaron los legisladores de la ciudad?
*Suspender la vigencia de las leyes, por ejemplo, las leyes ambientales, de seguridad, de transporte, de planeamiento urbano, los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etcétera.
*Distribuir a voluntad la totalidad del presupuesto sin límites. El destino de todos los recursos de la ciudad los definirá el Jefe de Gobierno. En estos últimos días, se ha tomado deuda para sobreprecios y para fortalecer las fuerzas de seguridad, algo poco difundido en los medios de comunicación.
*Modificar contratos, permisos, concesiones, compras reguladas por las leyes sin límites. Hay antecedentes de privatización de tierras públicas y reprivatización de servicios públicos.
Estas cuestiones que trae la ley fueron denunciadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y también fueron puesta en agenda por el bloque legislativo del Frente de Todos.
Maria Rosa Muiños fue una de las voces políticas del arco político opositor que rechazó lo sucedido el Jueves 7 de Mayo en el recinto legislativo. “La ley no cumple con ninguna de las cosas que nosotros solicitamos en ese debate. Básicamente, no tiene un control serio. Nuestro proyecto de minoría contempla proyectos que fuimos presentando en cuanto al destino del gasto, que es lo que falta en esta ley. El ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van”.
Por su parte, la legisladora Cecilia Segura hizo referencia a la Comisión de Seguimiento propuesta por el oficialismo como “una comisión de la convalidación de la impunidad”. La ley plantea la creación de una Comisión de Fiscalización pero con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista. “Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad», agregó Segura.
También Javier Andrade dijo lo suyo: “La discrecionalidad, la falta de especificación sobre el destino de los recursos y la no priorización de atender a los más vulnerables es lo que nos lleva a no poder acompañar este proyecto”.
El proyecto alternativo
El bloque legislativo de la ciudad del Frente de Todos había presentado un proyecto alternativo a través de un dictamen de minoría, que incorporaba a esta ley la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros. Además, establecía el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.
“Venimos reclamando más recursos para los barrios populares, insumos para los trabajadores de la salud, refuerzos alimentarios para la población más humilde y medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la ciudad que están siendo afectados por la caída de la actividad como las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, sostuvieron los legisladores.
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