Domingo 22 de Diciembre del 2024

Charla sobre derechos ciudadanos en los festejos del día de Flores

La sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Comuna 7 realizó una jornada […]

Publicado el 3 junio, 2017 por Fernando Zuker

La sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Comuna 7 realizó una jornada sobre «Derechos Ciudadanos» por el día del barrio de Flores. Los aumentos en las tarifas, la legislación previsional sobre la reparación histórica y la protección de datos personales fueron los ejes de la charla.

El miércoles 31, día del barrio de Flores, la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Carabobo 84, realizó una «Jornada sobre Derechos Ciudadanos» donde se trataron distintas temáticas de importancia actual para los vecinos.

En la misma disertaron Diego Mielnicki, director de Servicios Públicos; Carlos Roldán, abogado especialista en temas previsionales y Camila Rojas, del Centro de Protección de Datos Personales.

Mielnicki comenzó la charla exponiendo cómo serán los próximos aumentos de tarifas en los servicios públicos y qué mecanismos pueden utilizar los ciudadanos para resolver los conflictos que puedan surgir. Definió al agua, luz y gas como servicios esenciales para la vida moderna y explicó la importancia de la «Tarifa Social».

Actualmente pueden acceder a esta tarifa principalmente jubilados y pensionados, trabajadores asalariados en relación de dependencia o monotributistas que perciban un ingreso bruto menor a dos salarios mínimos, titulares de programas sociales o inscriptos en el Monotributo Social.

Sin embargo, ante situaciones excepcionales o no cubiertas por las normas, la Defensoría puede realizar gestiones para que la misma se otorgue. Además, existe la «Tarifa Cero» para personas que vivan en condiciones de extrema necesidad.

“La mala noticia es que (las tarifas) van a subir cada vez más”, remarcó Mielnicki, quien explicó que habrá aumentos semestrales de entre un 30 y un 40 por ciento. “Si vamos sumando aumentos parciales cada seis meses, dentro de unos años vamos a tener tarifas caras porque la idea del Estado es llegar a no tener que subsidiar los servicios públicos”.

Mielnicki también comentó que si bien se van a pagar tarifas más caras, no hay seguridad de que el servicio vaya a ser mejor. “Acá cortes hay siempre, todos los días”, aclaró y explicó que la media de cortes en nuestro país es mucho más alta que en otros países. Luego, entregó un instructivo para leer las facturas y remarcó que es importante no pasar el consumo realizado el año pasado porque existen penalidades. Por otro lado, “si uno consume menos que lo que consumió en el mismo bimestre del año pasado, va a pagar un poco menos” porque se premiará la disminución del consumo.

Al final de la exposición alertó, en el caso del agua, que el Estado busca cambiar el sistema de facturación a la micromedición, la cual reemplaza el pago relacionado a la superficie del inmueble del consumidor por el pago por consumo medido. Mielnicki expresó: “No va a ser negocio para nosotros. Va a ser negocio para la empresa. Para la mayoría de los usuarios va a significar pagar más caro”. Además expuso que los objetivos de la Defensoría para 2017 son: ampliar la tarifa social, solucionar los problemas de los casos de extrema necesidad y que los cortes sean cada vez menores.

A continuación, el abogado Roldán habló sobre asesoramiento previsional. El especialista explicó que la reparación histórica busca disminuir la cantidad de juicios previsionales y que se funda en tres fallos judiciales.

El primero es el de Chocobar, sucedido entre 1991 y 1995, en el cual se propone una mejora del 13 por ciento para los haberes jubilatorios. El segundo, es el caso Badaro, entre 2002 y 2006, donde se otorga movilidad a las jubilaciones. Y el tercero es el caso Elliff, el cual retoma los dos fallos anteriores y establece la redeterminación de los haberes jubilatorios y les concede nuevamente la movilidad.

Roldán aclaró que la reparación histórica “es una negociación judicial”, en la que si uno acepta lo que le ofrecen no puede realizar juicios a futuro. La ventaja que da aceptar esta propuesta es la inmediatez del pago pero la desventaja es que, a diferencia de lo que sucede al ganar el juicio previsional, en la reparación histórica no existe el pago retroactivo. Roldán, sin embargo, remarcó que actualmente un juicio por actualización de haberes dura entre seis y ocho años.

Por otro lado, explicó que “a mayor edad, más de reparación están ofreciendo” y que la cifra que se otorgue depende de varios factores, principalmente la cantidad de años y el valor de los aportes. Roldán, al finalizar, comentó que recibe consultas previsionales los lunes y jueves en el horario de 10 a 14 en la sede de la Defensoría del Pueblo de Flores.

La última charla, a cargo de Camila Rojas, fue sobre la protección de datos personales en internet y en las redes sociales. La especialista explicó que desde el Centro de Protección de Datos Personales dan distintos talleres para instituciones civiles donde buscan “generar ámbitos de discusión y para mostrar cómo funcionan las redes sociales y el uso que dan a nuestros datos personales”.

Comentó que los principales problemas son el cyberbullying (acoso virtual) y el grooming (acoso virtual a menores) y que lo más importante es que “el chico tiene que tener acceso a la tecnología pero tenemos que incentivar la comunicación en la casa”. Después contó algunas historias reales de distintas víctimas de acoso y planteó que “la gente no dimensiona que la vida real y la vida en redes es la misma”.

Al mismo tiempo, remarcó que existe la Fiscalía contra Delitos Informáticos donde se pueden hacer denuncias si se es víctima de algún tipo de acoso e hizo hincapié en que es muy importante sacar fotos de la pantalla de la computadora o realizar una captura del celular para poder tener pruebas que apoyen la denuncia y que faciliten el rastreo del acosador.

Por último, aclaró que desde el centro buscan trabajar en conjunto con la policía, las fiscalías y el sector educativo y pidió leer la letra pequeña de los formularios donde se dejan datos, ya que en ellos debe especificarse qué uso tendrán y quiénes podrán manipular la información personal otorgada.


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