Litigio en el complejo comercial Emilio Mitre

Los comerciantes ubicados en el bajo autopista de Parque Chacabuco están decididos a luchar por sus fuentes de trabajo. Elevaron recursos de amparo y se reunieron con las autoridades, pero el desalojo por el momento se mantiene en firme.

De cara al desalojo comercial por las obras de ampliación de las oficinas de la Subsede Comunal 7, los comerciantes del complejo ubicado en Emilio Mitre y Autopista 25 de Mayo, Parque Chacabuco, continúan su lucha diariamente para mantener sus locales y fuentes de trabajo.

Su meta es frenar la medida y, por eso, aún continúan recolectando firmas a través de Change.org bajo el nombre: No al desalojo del complejo E. Mitre.

Recientemente, la propietaria del cotillón “Creaciones Artesanales”, Rosa Nélida Ríos, le escribió una carta a la Gerente de Proyectos Intercomunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Celeste Peña, con el objetivo de ponerla al tanto sobre el inminente proceso de desalojo del complejo.

“En 2014 tras un robo e incendio lo perdí todo y aun así no bajé los brazos, seguí pagando el canon correspondiente. Luego de cien días de tener el local cerrado y gracias al apoyo de los vecinos, proveedores y mi familia puede reabrir las puertas de mi negocio”, recordó en relación al hecho ocurrido y agregó: “Desearía contar con un nuevo contrato para continuar trabajando en el barrio”.

Previamente, también Ríos, se comunicó con Horacio Rodríguez Larreta, en la cual relató su trayectoria comercial en el lugar y puntualizó que el pasado 22 de abril del 2017 los cuatro locatarios implicados en el proceso de desalojo fueron citados “pensando en la renovación del contrato y con la alegría de que volvía el Centro de Gestión y Participación, pero nos informaron que debíamos devolver los locales, siendo los mismos los que no participan del proyecto de regreso del CGP. En mi caso es mi única actividad que me genera recursos para el mantenimiento de una hermana discapacitada (…) Contamos con el apoyo de 648 vecinos que firmaron por el NO AL DESALOJO, debimos anteponer un recurso de amparo para tratar de encontrar una solución”.

Por otro lado, recordamos que el desalojo fue comunicado unilateralmente por tres abogados de la Subsede Comunal -ubicada en Emilio Mitre 956- quienes manifestaron que el proyecto de ampliación contemplaba ambas veredas y que, por ende, contaban con un plazo de 15 días para desalojar los locales N° 3, 8, 13 y 14. Cabe destacar que dichas obras comenzaron a principios de año y aún continúan, perjudicando en forma directa la actividad comercial y el acceso de los vecinos al complejo.

A mediados de agosto, los adjudicatarios del complejo comercial mantuvieron una reunión con el presidente de la comuna, Guillermo Peña, para frenar el desalojo de sus negocios y solicitar la reubicación comercial en el lugar.

En diálogo con nuestro medio, muy preocupada, Ríos, sostuvo que “si bien nuestros contratos están vencidos, pagamos el canon correspondiente para desarrollar nuestras actividades comerciales, así como también cumplimos con todas y cada una de nuestras obligaciones. Pagamos seguro, monotributo, ingresos brutos y todos los servicios e impuestos que el G.C.B.A establece. Queremos preservar nuestra fuente laboral y estamos dispuestos a renovar nuestros contratos. Sería una pena que esta medida avance, tanto para nosotros como para todos los vecinos del barrio. Si el desalojo se produce, nos perjudicamos todos. Me costó mucho dinero y tiempo salir adelante, luego del incendio intencional de mi negocio ocurrido años atrás. Además, acabo de comprar una fotocopiadora para brindar un nuevo servicio a los vecinos y aún estoy pagando las cuotas de esa inversión. Somos emprendedores y estos comercios son nuestro sustento familiar”.

“Peña nos comentó que el proyecto abarcaba ambas veredas, aunque comenzaron con las obras de ampliación sobre la acera par. Expusimos nuestra situación y sugerimos que los locales sean reubicados sobre la vereda impar con el objetivo de preservar nuestra fuente laboral y clientela. Se comprometió a darnos una respuesta, luego de reunirse con las autoridades de la Dirección General de Concesiones y entre otros organismos involucrados en el proyecto. Tenemos grandes expectativas tras esta reunión, ojalá podamos hallar una solución”, sentenció Ana María Rago, del local «La Florería».

Durante el pasado mes de mayo, los comerciantes, bajo el asesoramiento legal del abogado que los representa, analizaron cuáles serían los tiempos y pasos judiciales a seguir de cara al desalojo y al secuestro administrativo de la mercadería de los negocios, la cual fue notificado mediante un escrito y pautada para el 31 de mayo.

Por el momento, dieron curso a un recurso de amparo con el objetivo de preservar sus fuentes laborales y poder continuar brindando sus servicios comerciales a los vecinos de la comuna 7 y esperan alguna respuesta favorable de parte de los funcionarios porteños.

Lo cierto es que la situación que atraviesan estos comerciantes es de plena incertidumbre y el silencio de las autoridades, les resulta aterrador.