Pidieron la emergencia alimentaria

La oposición presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica y social en el distrito porteño. Fundamentan la solicitud en la situación económica del país y las altas tasas de inflación.

Después de las PASO, uno de los temas que tomó fuerza en el arco opositor fue la demanda de que se declare la «Emergencia Alimentaria» en todo el país.

En la legislatura porteña, el bloque peronista, de la mano de María Rosa Muiños, Santiago Roberto (autor de la iniciativa) y Andrea Conde, y con el apoyo de la candidata a vicejefa de Gobierno, Gisela Marziotta, presentó su propio proyecto de ley para que se establezca la Emergencia Económica y Social en la Ciudad de Buenos Aires, el cual se fundamenta en la situación económica que atraviesa el país y las dificultades al consumo que provocan los altos niveles de inflación.

El proyecto propone la aplicación de descuentos en el ABL, el impuesto inmobiliario, sobre patentes y demás impuestos locales, la aplicación de un complemento para comedores escolares para el otorgamiento de nuevas becas y compra de insumos, y exige beneficios para quienes son parte del Programa “Ciudadanía Porteña – con todo derecho”.

Además, establece un reintegro del 3 por ciento sobre las compras realizadas por usuarios con tarjetas de crédito y débito y un reintegro del 10 por ciento para los jubilados y pensionados que compren con tarjeta de débito.

También, sugiere la aplicación de subsidios al pago de facturas de servicios eléctricos y suspende la aplicación de intereses, penalidades, suspensiones o  cortes de servicio durante la vigencia de la normativa.

Al mismo tiempo, se solicita al Banco Ciudad que implemente un “programa de descuentos que permita efectuar a los tenedores de tarjetas de crédito y/o débito un reintegro del cincuenta por ciento (50%) del valor de cada compra efectuada en hiper y supermercados de esta Ciudad, tres veces por semana”.

“La situación económica que se vive hoy en todo el país, y a la que la Ciudad de Buenos Aires no es ajena, con tasas de inflación del 55% en términos anuales y donde la actividad económica y productiva sigue frenándose, profundizándose la recesión, con una constante caída de la producción, de las ventas, una mayor pérdida del poder adquisitivo, una situación que afecta más fuertemente a los sectores más vulnerables”, expresa el proyecto, el cual plantea que “para un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos de 6 y 9 años, fueron necesarios en junio $15.043,11 para no ser indigente”.

La norma solicita que la medida se establezca hasta el 31 de diciembre de este año y remarca que el aumento en la recaudación ocurrido a lo largo de este año podría “imputarse a políticas públicas de fortalecimiento del consumo porteño como las propuestas”.