Los repartidores tienen ley pero sigue la precarización

Votaron una ley para regular a los repartidores a domicilio, pero el sector repudió la norma con una movilización, ya que las principales obligaciones recaerían sobre ellos y no sobre las empresas contratantes.

En la legislatura porteña, quienes aprobaron la nueva norma afirmaron que la nueva ley busca regular la actividad de los trabajadores de reparto de las plataformas digitales con una modificación del Código de Tránsito y Transporte.

Mientras tanto, los destinatarios de la ley se movilizaron para rechazar su tratamiento, con la posición que esta ley generaría el marco legal para que las empresas puedan seguir precarizando el trabajo. Fueron los integrantes de la Agrupación de Trabajadores de Reparto quienes rechazaron la ley y además denunciaron ataques de otro grupo manifestantes nucleados en el sindicato ASIMM (Motociclistas y Mensajeros).

Esta normativa fue impulsada por el bloque de legisladores de Vamos Juntos y tuvo el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y Evolución. Por su parte, el bloque del Frente de Todos se abstuvo en la votación. Cabe aclarar que las empresas no se harían cargo de los seguros de trabajo, del equipamiento de seguridad vial y de los insumos de higiene ante la pandemia por la COVID-19. Todo esto correría por cuenta de los repartidores.

La realidad es que todavía existe un vacío legal en la modalidad de trabajo de estas aplicaciones de reparto, donde no existe una relación laboral como tal ni sus trabajadores obtienen un salario fijo a cambio de su trabajo, sino que se desempeñan a destajo de acuerdo a la cantidad de pedidos que hagan.

Lo que hay que saber de esta nueva ley, es que a partir de ahora, para obtener habilitación de trabajo en la ciudad, deberán inscribirse en AFIP, en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias”, no cargar con multas de tránsito y realizar cursos de capacitación, todo lo que correrá por cuenta de sus bolsillos y no por el de las empresas contratantes.

Fotografía: Télam.