Quejas por la actualización de las asignaciones familiares

La legislatura porteña avanzó con la actualización de las asignaciones familiares para los empleados públicos pero diversas organizaciones gremiales organizaron una clase pública frente a la sede del gobierno local para mostrar cómo afectaría a los docentes con una mayor carga horaria de trabajo.

El miércoles 19 de septiembre frente a la sede del gobierno porteño en Parque Patricios diversas organizaciones sindicales que representan a los trabajadores estatales hicieron una clase pública para exigir la actualización de las asignaciones familiares en los haberes de los empleados públicos.

La actividad estuvo impulsada por los gremios UTE, ATE y los Metrodelegados, quienes aseguraron durante la actividad que en el caso de los docentes que trabajan en jornada simple o hasta 20 horas cátedra, cobran 3.050 pesos mensuales asignación, pero que a medida que suman años de antigüedad o mayor cantidad de horas cubiertas por semana, estas prestaciones en dinero se reducen hasta llegar a 270 pesos.

“Los trabajadores de la educación tenemos todos más de un cargo”, aseguró Angélica Graciano, docente y secretaria general de UTE durante el acto y agregó: “Estamos cobrando $270 de salario familiar desde el 2012, los únicos que tienen un régimen especial es el Poder Judicial que cobran $1700 de salario familiar, porque consiguieron que los saquen del régimen de administración pública”.

El contexto mayor del reclamo vino a cuento de lo sucedido en la legislatura, donde el oficialismo porteño dio dictamen positivo a la actualización de las asignaciones familiares de los empleados públicos, congeladas desde 2013, mientras que la oposición y los gremios docentes exigieron cambios al advertir que esto perjudicaría a los trabajadores de la educación con mayor carga horaria.

“Se equivocan cuando interpretan quiénes son merecedores de tener un descongelamiento total y quiénes de recibir uno parcial. Porque parece que ser educador te da menos condiciones de poder tener un salario igual al de la administración pública”, marcó Daniel Catalano, secretario general de ATE y secretario adjunto de CTA.

Este dirigente además aseguró que se encuentran trabajando con “legisladores porteños y con el Gobierno de la Ciudad para encontrar una solución”, pero advirtió que si no hay respuestas “se recurrirá a la Justicia”.