Presupuesto Participativo

Buscan sancionar en la legislatura una ley que les permita los Consejos Consultivos Comunales decidir qué obras y servicios necesitan en sus barrios. Actualmente se destina el 1,29% del presupuesto.

Se trata de una iniciativa de Javier Andrade y, en caso de sancionarse la ley, serviría además para ejercer un control, fiscalización y seguimiento definido en las Comunas; y así sus propuestas formen parte del anteproyecto de presupuesto que cada Junta Comunal envía al Poder Ejecutivo.

En este sentido resulta vital fomentar y garantizar la participación ciudadana, poniendo a disposición pública la información de manera sencilla y comprensible para que el conjunto de los y las ciudadanas tengan un instrumento de gestión política y puedan definir conjuntamente cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos de cada ejercicio.

Actualmente la Ley de Comunas da las pautas generales sobre cómo se tiene que participar el presupuesto, pero también se sabe que la Ley 1.777 no se cumple en su integralidad.

Hoy, las Comunas responden a una lógica de desconcentración -no de descentralización-, y se transformaron en dependencias administrativas que no disponen de autonomía presupuestaria ni de las competencias que les reconoce la Ley.

La idea del presupuesto participativo no es una novedad de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco de la Argentina. Ciudades como Porto Alegre han servido como parámetros o emblemas del mismo, así como de la descentralización política, aunque para los equivalentes de lo que acá serían los presupuestos comunales se destinan por ley muchos más recursos: 25% en Porto Alegre, 15% en Barcelona, 4% en Ciudad de México, mientras en nuestra Ciudad, que tiene un presupuesto europeo, es del 1, 29%.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un presupuesto de más de 2 billones de pesos y destina a los 15 gobiernos comunales apenas 27 mil millones, monto menor al presupuesto anual de la Legislatura.

Con este modelo actual, sólo se avanza en obras inconsultas y se asignan recursos a obras que no se condicen con las necesidades de los y las vecinas.

De aprobarse esta ley se podría mejorar la gestión pública y sería una herramienta necesaria para poder hacer un uso equitativo, transparente, democrático y eficiente de los recursos públicos que las Comunas deben administrar y garantizar así el cumplimiento de la Ley 1.777.