Políticas para la emergencia

La semana pasada más de 40 organizaciones políticas y sociales realizaron una conferencia de prensa en la puerta de la sede del gobierno porteño para presentar un nuevo frente político y denunciar la falta de políticas públicas en los barrios populares y el estado de emergencia alimentaria, sanitaria y social que viven actualmente. 

Las organizaciones sociales y políticas a través de una conferencia de prensa en un costado del edificio de gobierno en el barrio de Parque Patricios, expresaron su preocupación ante la emergencia alimentaria, sanitaria y social que existe hoy en los barrios populares de la ciudad. Además denunciaron que el gobierno porteño realiza recortes presupuestarios sobre las pocas políticas públicas existentes.

Juntas, lanzaron el Frente por una Ciudad Justa y Solidaria y entienden que el gobierno porteño no ha dado la respuesta necesaria a la crisis alimentaria que se vive actualmente en los barrios más humildes, mientras se atraviesa la segunda ola de contagios de COVID-19.

“Desde el comienzo de la pandemia fuimos conformando comités de crisis en los distintos barrios con la certeza de que el trabajo en unidad iba a lograr que a ningún vecino le falte un plato de comida. La entrega de bolsones de alimentos a personas aisladas, la apertura de ollas populares, comedores y merenderos que aumentan sus raciones día a día, frente a un Estado ausente, se transformaron prácticamente en el único apoyo con el que cuentan muchas personas e hicieron que la situación actual no sea aún más grave. Pero ninguna organización puede reemplazar el rol indelegable del Estado que cuenta con las herramientas suficientes para resolver este problema”, describieron en el comunicado dado a conocer a la prensa y al que tuvo acceso LC7.

“Hasta el día de hoy no se realizado ninguna medida excepcional de asistencia directa, ya sea alimentaria o económica. A partir de noviembre de 2020, el Jefe de Gobierno y la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat decretaron el fin de la pandemia y se retiraron de la asistencia a los sectores más afectados. Los comedores conveniados sufrieron recortes de hasta un 33% en la cantidad de alimentos que reciben. Los nuevos comedores, merenderos y ollas populares que surgieron en este contexto, siguen sin recibir ningún tipo de asistencia: deben autoabastecerse de alimentos, elementos de higiene y seguridad. Sus trabajadorxs, esenciales, siguen sin estar reconocidxs”, denunció el conjunto de las  organizaciones firmantes.

¿Qué exigen las organizaciones? Que el gobierno porteño lleve adelante medidas extraordinarias para resolver estas situaciones apremiantes. Argumentan que la mayoría de las villas siguen sin haber iniciado sus procesos de integración urbana, sin conectividad gratuita y sin herramientas para abordar las situaciones de violencia de género.

¿Qué proponen? El refuerzo de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios y las familias aisladas; universalizar la canasta alimentaria escolar; crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); lanzar medidas para el sector de la economía popular; un reconocimiento económico para trabajadores/as de comedores y merenderos y el acceso a una atención sanitaria adecuada para las personas que atraviesan el COVID-19 y servicios para las víctimas fatales ocasionadas por esta pandemia.