El camino hacia la urbanización

Un proyecto presentado en la Legislatura porteña propone integrar el barrio Ricciardelli con obras de infraestructura, soluciones habitacionales, regularización dominial y participación vecinal.

En el Bajo Flores, las dificultades de infraestructura se mezclan con problemas de accesibilidad, informalidad en la propiedad y situaciones de aislamiento. Sobre ese escenario, un proyecto presentado en la Legislatura porteña propone avanzar con un proceso de integración socio-urbana del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli. 

La iniciativa fue impulsada por el párroco Martín Durán, de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, junto a las legisladoras Bárbara Rossen y Berenice Iañez. En diálogo con La Comuna 7, Rossen explicó los principales puntos de la propuesta, su origen y los mecanismos previstos para que la urbanización implique un proceso de integración e inclusión social.

La Comuna 7: ¿Cuál es el principal problema que busca resolver el proyecto?

Bárbara Rossen: La situación actual es de mucha precariedad e impacta en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por un lado, hay importantes problemas con las redes de agua, pluviales y redes eléctricas. A esto se suma el tema de la accesibilidad: a gran parte de las viviendas se ingresa mediante pasillos por los que no puede transitar el transporte público, pero tampoco una ambulancia, con todo el riesgo que ello implica. Estas condiciones de aislamiento también resultan propicias para el desarrollo de actividades ilegales que afectan a los vecinos y vulneran su seguridad. También está la cuestión de la informalidad de la propiedad. Pero las consecuencias de vivir en estas condiciones no terminan dentro del barrio. Quienes viven allí son también objeto de estigmatización por parte de otros vecinos de la Ciudad y, en ocasiones, hasta por parte de las fuerzas de seguridad. Por todo esto, cuando hablamos de cómo resolver estos problemas, hablamos de integración socio-urbana. Porque el trabajo tiene que apuntar a todos esos aspectos: mejorar las condiciones habitacionales y de infraestructura, favorecer la integración física y garantizar el acceso a los servicios indispensables para llevar adelante una vida digna. Lo que busca este Proyecto de Ley es, en definitiva, que los vecinos del barrio Ricciardelli tengan los mismos derechos que quienes viven en el resto de la Ciudad.

LC7: ¿De dónde surge la iniciativa y qué lugar tuvo la participación de los vecinos?

BR: El proyecto presentado se elaboró en base a dos proyectos anteriores que contaron cada uno con participación de vecinos, organizaciones barriales y delegados del barrio, por lo que recoge en su totalidad ese trabajo participativo previo. A partir de esos antecedentes, nuestra búsqueda fue darle mayor precisión técnica, tanto desde el punto de vista urbanístico como legislativo. Cumplida esa primera tarea, realizamos una serie de reuniones en el barrio con vecinos, organizaciones y delegados, que contaron con una amplia participación. También, tuvimos encuentros de menor escala en comedores, espacios comunitarios y con las Defensorías. De todas esas instancias fueron surgiendo observaciones y propuestas que permitieron ajustar el proyecto. Una de las cuestiones planteadas fue actualizar la base de beneficiarios, ya que el censo realizado por el Ejecutivo en 2018 se encuentra desactualizado y no refleja la realidad actual del barrio. A su vez, surgió la necesidad de contemplar a los conjuntos habitacionales circundantes que, si bien no forman parte del barrio Ricciardelli y tienen problemáticas particulares, deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar el trazado y la provisión de infraestructura.

LC7: ¿Cómo se determinará qué solución habitacional corresponde a cada familia?

BR: La solución habitacional que corresponde a cada familia se determina a partir del relevamiento de su situación. Y, tal como se explicita en el proyecto, estas decisiones van a ser consensuadas con los propios vecinos. Si una vivienda es susceptible de mejora, se priorizará su mejoramiento. La vivienda nueva se reserva para aquellas familias cuya vivienda, ya sea por condiciones estructurales o constructivas, no pueda ser mejorada, o para los casos en que deban ser relocalizadas porque se encuentran afectadas por aperturas o ensanches de calles. La infraestructura, en cambio, alcanza a la totalidad del barrio, porque es necesario garantizar que todos los vecinos, tanto quienes permanezcan en sus viviendas actuales como quienes se trasladen a viviendas nuevas, tengan acceso a servicios básicos. Lo mismo ocurre con la regularización dominial, al finalizar el proceso cada familia debería tener la escritura de su vivienda.

LC7: El proyecto plantea un horizonte de veinte años. ¿Cómo se evitaría que quede en una declaración de buenas intenciones?

BR: El primer objetivo que plantea la Ley es armar la Mesa Técnicas y la Mesa de Gestión Participativa y poner en marcha el proceso. Esto es primordial porque va a permitir definir las intervenciones a llevar a cabo. Una vez avanzado ese trabajo, una de las primeras obras que deberían hacerse es la de las viviendas nuevas, para trasladar a las familias en los casos en que sea necesario y de esa forma poder avanzar con otras obras como la apertura de calles o el trazado de infraestructuras. Para que el proceso no quede limitado a una declaración de buenas intenciones, la ley establece una institucionalidad específica, la de las Mesas, que son pensadas como ámbitos permanentes de planificación, participación y seguimiento. Pero además va a ser fundamental que las sucesivas etapas cuenten con partidas presupuestarias concretas y con continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gestión. El horizonte de veinte años justamente reconoce que se trata de un proceso complejo, que requiere una planificación sostenida y no una intervención aislada.

LC7: ¿Qué poder de decisión tendrán los vecinos a través de la Mesa de Gestión Participativa?

BR: El proyecto establece que todas las decisiones van a tener que contar con el consenso de la Mesa que va a tener una conformación amplia. La Mesa va a intervenir en la definición y el seguimiento de las distintas etapas del proceso de integración. En caso de disenso, la iniciativa establece que la propuesta a elevar la definirán en conjunto el IVC, los representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Defensoría del Pueblo. Esto fue incluido para garantizar que instituciones velen por los derechos de los vecinos. La exigencia de consenso es justamente, lo que busca evitar que la participación sea solamente consultiva: las decisiones que se tomen en el marco del proceso de integración deberán ser acordadas en la Mesa.

LC7: ¿Qué garantías existen para que una eventual relocalización no termine expulsando familias del barrio?

BR: El Proyecto no establece un mecanismo específico para cada relocalización, eso va a depender del desarrollo del proceso y de las situaciones particulares que se identifiquen en el barrio. Lo que sí hace es establecer garantías muy claras que ese proceso va a tener que respetar. Plantea, en primer lugar, que nadie puede ser desalojado por la fuerza. Pero también que, si una familia tiene que ser relocalizada como consecuencia de las obras, se deberá garantizar una solución habitacional única y definitiva dentro del propio barrio, con características similares o superiores a la vivienda que ocupaba. A partir de ese marco, los mecanismos concretos de relocalización van a definirse durante la implementación, con intervención de la Mesa de Gestión Participativa. Lo importante es que la urbanización no pueda avanzar a costa de expulsar familias del barrio, sino garantizando su derecho a permanecer y a acceder a una solución habitacional adecuada.

LC7: ¿Qué recursos requeriría una intervención de esta magnitud?

BR: El presupuesto que requiere la intervención va a poder determinarse una vez iniciado el proceso, con la Mesa Técnica y la Mesa de Gestión Participativa en funcionamiento, y a partir de un relevamiento integral que permita conocer la cantidad de viviendas que será necesario construir y mejorar, las obras de infraestructura requeridas y las intervenciones necesarias para la apertura y el ensanche de calles. Sabemos que es un proceso de integración socio urbana requiere una inversión importante y sostenida en el tiempo. También sabemos que el Estado es el responsable de asignar los recursos que sean necesarios, porque garantizar condiciones adecuadas de hábitat es una responsabilidad pública.

LC7: ¿Qué posibilidades tiene hoy el proyecto de convertirse en ley?

BR: En principio, el contexto es complejo. La gestión actual redujo considerablemente los recursos destinados a los barrios más vulnerados de la Ciudad y hasta propuso desactivar el IVC. De todas formas, es una iniciativa que cuenta con mucho apoyo dentro del barrio, que fue presentada por la parroquia Madre del Pueblo y levantada no sólo por nosotros, Fuerza por Buenos Aires, sino también por legisladores de otras fuerzas políticas como Confianza y Desarrollo y la UCR. Vamos a seguir trabajando para construir el consenso necesario para dar el primer paso, que es sancionar la Ley y comenzar formalmente un camino cuyo punto de partida es constituir la Mesa Técnica y la Mesa de Gestión Participativa y, a partir de allí, definir junto con los vecinos las distintas etapas de intervención.