“Deberían haber retrasado los aumentos de tarifas”

La suba en las tarifas del transporte público, la gestión del subte, el costo de vida y la canasta familiar porteña son algunos de los temas por los cuales conversamos con el Dr. Fernando Adrián Barrera, actual Director vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fernando Barrera posee una amplia experiencia de gestión política. Un poco de su currículum vitae: Abogado recibido en la en la Universidad de Buenos Aires; Apoderado del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretario de Administración de Recursos del Partido Justicialista, Consejero Metropolitano del partido y Director Vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, organismo de control.

La Comuna 7: ¿Cómo justifica el gobierno porteño los aumentos en las tarifas del transporte público, peajes, taxis o la VTV?

Fernando Barrera: Desde la Ciudad y a través del Poder Ejecutivo justifican los incrementos por la inflación y por el aumento de los gastos operativos. En particular, el gobierno hace base en lo que prevé la ley que cuando los gastos administrativos superan un porcentaje es necesario aumentar y adecuar las tarifas de los servicios públicos en los últimos meses. Como director del Ente Regulador en lo particular creo que hay un exceso considerando la situación económica que está viviendo hoy la sociedad argentina. Algunos aumentos, como los de los peajes, afectan directamente a sectores de la industria en lo que respecta a la distribución logística de los productos. Teniendo en cuenta esto, se debería haber considerado un retraso en los aumentos.

LC7: ¿Qué tipo de gestión debería tener le subte?

FB: De alguna forma u otra la ciudad subsidia la tarifa más allá que el grueso de la misma impacta directamente sobre el bolsillo de la gente. Entiendo que no habría ningún inconveniente para que el servicio pueda ser administrado por el estado junto a los trabajadores. Se puede tomar el ejemplo del metro de Francia. Hubiese sido correcto que, a partir del vencimiento de la licitación de la empresa Metrovías, el estado se hubiera hecho cargo con la participación de los trabajadores. No solo no sucedió, si no que se le extendió el contrato a la misma empresa en un procedimiento poco claro, con medidas cautelares mediantes. Por estas dificultades, las empresas que se fueron presentando se retiraron. Metrovías en todos estos año de gestión lo que ha mostrado es ineficiencia en la prestación del servicio.

LC7: ¿Cuál es la realidad del Índice de Precios al Consumidor?

FB: Esto es algo que hago por mi cuenta como consultor, con una asociación de consumidores. En el último mes no dio un valor sumamente importante. La canasta básica de alimentos y servicios para una familia tipo hoy tiene un valor de 135.000 pesos. Esto marca lo costoso que es para la clase media vivir en Buenos Aires. Hoy, es una de las ciudades más caras del mundo, sobre todo en alimentos. Se ha reducido el consumo de carne a valores históricos. No existe, de parte de la gestión de gobierno, un organismo de control específico sobre los precios. Es decir que en algunos aspectos la ciudad paradójicamente no goza de autonomía como si lo hace en otros aspectos. No hubo por otro lado en contexto de pandemia ninguna ayuda económica o política pública al sector pymes o pequeños comerciantes, que es justamente dónde más se genera trabajo.

LC7: ¿Cuál es el balance que hace respecto de cómo el gobierno llevó adelante las políticas sanitarias por la pandemia en los barrios populares de la ciudad?

FB: Creo que se les escapó la tortuga, usando esta frase popular. A nivel nacional existe y ya existía una fuerte presencia política del gobierno nacional en los barrios populares. Es importante recordar que mediando la pandemia, el año pasado, Flores era uno de los barrios de la ciudad donde más había contagios, precisamente porque no había una contención social más hacia el sur de la comuna. Ahí, la infraestructura pública del gobierno porteño no está presente. Así fue que el gobierno nacional junto al de la ciudad, pusieron en marcha el Plan Detectar primero. Está claro, que los barrios populares de la ciudad, que hoy representan un 10% de la población, precisan de una mayor presencia estatal, fundamentalmente con servicios públicos básicos como una vivienda digna, conectividad a internet, agua, gas y luz.