Una ONG Argentina presentó medida cautelar

Una ONG Argentina presentó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de DD.HH. para suspender la sentencia del Juez Griesa

Fuente: Comisión Interamericana de derechos humanos – www.oas.org

La Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FPDL) ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, suspenda el fallo contra la Argentina.

La presentación fue realizada en Washington por los letrados Luisa Fernández Castañeda Quintana y Carlos Julio Vargas Velandia, apelando al artículo 25 del reglamento de la comisión, el cual establece la posibilidad de suspensión de sentencias con el objetivo de proteger a personas “siempre que el beneficio o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo u organización”.

Cabe destacar que la iniciativa surge a partir de las declaraciones del consultor de Naciones Unidas, Daniel Herrendorf, quien asegura que esta acción es más adecuada que una presentación ante el tribunal de La Haya. “La diferencia fundamental de esta medida con el camino ante La Haya es que Estados Unidos había accedido a la comisión para instancias internacionales. La Comisión Internacional de Derechos Humanos tiene competencia para establecer una medida cautelar sobre la sentencia de la Justicia de Estados Unidos”, explicó Herrendorf. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos integra la Organización de Estados Americanos (OEA), y su carta principal fue ratificada por los Estados Unidos el 19 de junio de 1951, lo que implica que dicha medida cautelar es pertinente. Este pedido, tal como había señalado Herrendorf, podría haberlo iniciado el país, un organismo público, privado e incluso un particular. Según afirmó uno de los integrantes de la Fundación Para el desarrollo Latinoamericano, la Argentina “cuenta con grandes ventajas para presentarse ante esta comisión interamericana”, debido a que “muchas naciones e individuos con influencia en el mundo de la política y de la economía manifestaron sus diferencias en relación con la decisión del juez Griesa”.

El escrito se basa en el impacto que puede significar para los habitantes del país el efectivo cumplimiento del fallo de Thomas Griesa en favor de fondos buitre. Dicha sentencia  obligaría al país a pagarles 1330 millones de dólares por sus tenencias de bonos defaulteados en 2001, lo cual generará “una crisis de Estado sin precedentes, con la consecuente violación masiva y sistemática de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” detalla la medida cautelar y sostiene que “existe una seria amenaza a los derechos humanos de toda la población argentina; dicha amenaza la genera los Estados Unidos”.