Un olvido para nada inocente

A dos días del anuncio presidencial y la suspensión de clases por 15 días, Horacio Rodríguez Larreta dijo querer seguir coordinando las acciones pero se cortó solo y aseguró la continuidad de las clases presenciales. Los gremios fueron al paro docente y ahora hay mucha expectativa por fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Una pandemia como la que estamos viviendo no admite que un Presidente y un Jefe de Gobierno no tomen medidas de manera coordinada”, dijo el viernes el mandamás de Uspallata, Horacio Rodríguez Larreta, y agregó detalles de los datos que manejan en el gobierno porteño y que evidenciarían que “las escuelas no representan un mayor riesgo de contagio”. Incluso el Ministerio de Educación de la ciudad aseguró en un comunicado:

“Todos conocemos la situación sanitaria que estamos atravesando, pero estamos convencidos que las medidas tienen que estar fundadas en la evidencia. Menos del 1% del total de las personas que asisten a las escuelas dieron positivo de COVID-19 en los últimos 60 días, lo que confirma que las escuelas no son foco de contagio. Seguiremos analizando la información para tomar las decisiones que mejor cuiden la salud y posibiliten la educación”.

A las 48 horas de esta reunión, la supuesta inflexión para la coordinación de políticas públicas quedó en el olvido, hizo una conferencia de prensa y afirmó: “Es un orgullo comunicar que en la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas van a estar abiertas mañana”. Anunció una serie de medidas que dejan a la luz cómo el ir a la escuela supone el riesgo de contagio: porque la educación de adultos volverá a la virtualidad, seguirá el escalonamiento de los horarios en el ingreso y el egreso y aumentarán los controles en las puertas de los colegios y en el transporte público.

Todo ello junto a la excusa más notoria de su “staging”: adelantó que “si se llegara agravar” la situación epidemiológica, ya tienen “previsto cómo se va a modificar cada una de las etapas”.

Lo que quedó en el primer plano fue una jugada de posicionamiento político que simpatiza con una buena parte de la ciudadanía porteña y que le sirve en un año electoral. Porque los datos educativos de la gestión de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad no se corresponden con el alto valor que ahora le asignan a la educación.

De hecho, en el día de hoy hubo 2.345 concientizadores y agentes de prevención en las calles, para hacer el cumplir el protocolo, evitar la concentración de personas y colaborando con los docentes, padres y directivos de las escuelas.

Para garantizar el protocolo de ingreso cuidado y evitar que haya aglomeraciones, el Gobierno porteño dispuso esta mañana en las instituciones educativas de la Ciudad un operativo especial del que participan 2.345 concientizadores y agentes de prevención, poniéndose a disposición de la comunidad educativa, padres y directivos de escuelas.

La antesala de esta decisión del gobierno porteño tuvo que ver con la noticia del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, en contra del decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno nacional y que, entre otros puntos, menciona la suspensión de la presencialidad educativa por 15 días desde ayer en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La respuesta de los gremios UTE, ADEMYS, CAMPI y SADOP fue contundente: paro, y ayer tuvo un 90% de adhesión en las escuelas porteñas. “Lejos estamos de lograr los mínimos objetivos para que la comunidad educativa y el resto de las familias queden protegidas de un virus sin precedentes y que ya ha costado la vida  de más de 50 mil argentinos”, fundamentaron desde UTE. “Para el gobierno porteño tener más de 5 mil contagios en el ámbito educativo no significa nada, para nosotros es un dato que nos obliga a la virtualidad, ellos mienten y viven una realidad paralela”, manifestó Jorge Adaro en representación de ADEMYS.

Por otra parte, la Dra. Valeria Carreras, que representa a la querella de los familiares por el hundimiento del ARA San Juan -entre otras causas-, denunció a Larreta por haber iniciado “una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021″, lo que según la denunciante implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.

Asimismo, desde el bloque de legisladores porteño del Frente de Todos se denunció a los jueces María de las Nieves Macchiavelli Agrelo, Laura Alejandra Perugini y Marcelo Lopez Alfonsin -firmantes del fallo a favor de la presencialidad- por considerarlo “arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad”.

Hay expectativa por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ya se declaró competente para tratar el tema y dirimir el conflicto entre la postura del gobierno nacional y el gobierno porteño. En este sentido, los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti resolvieron correr vista del expediente a la Jefatura de Gabinete de la Nación para que, en un plazo de cinco días, conteste y aporte las pruebas que considere pertinentes, en una resolución que contó con el voto en disidencia de Elena Higton.

Fotografía: Gobierno de la Ciudad.-