Emergencia en discapacidad

La desfinanciación del sistema de prestaciones básicas, el atraso arancelario y las trabas en el acceso a pensiones conforman un panorama crítico para uno de los sectores más vulnerables de la población.

Lucila Jaureguiberry, directora del Instituto IRTE, visibiliza la crisis y llama a la acción colectiva en defensa de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

En un contexto económico cada vez más complicado, la situación tiene su impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y en las instituciones que las acompañan. Conversamos con Luciana Jaureguiberry, gerenta del Instituto Recreativo Terapéutico Especial (IRTE, Caracas 1046) del barrio de Flores, para conocer la gravedad de la situación y los reclamos del sector.

LC7: ¿De qué se trata la emergencia en discapacidad? 

Lucila Jaureguiberry: Actualmente, todo el sector de discapacidad se encuentra en una situación crítica, el ajuste presupuestario del Gobierno golpea a uno de los sectores más vulnerables de la población. Por un lado, el sistema de prestaciones básicas está siendo totalmente desfinanciado desde el año 2023, por lo que el acceso a derechos esenciales como salud, medicamentos, educación, traslados, trabajo y protección social resulta cada vez más complejo y se encuentra en riesgo. Existe una profunda crisis en el sector de prestadores de servicio, el atraso arancelario es del 64%. En concreto, hay un desmesurado desfasaje entre el Nomenclador de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, que fija el valor de nuestros aranceles y el costo funcional que tenemos las instituciones y demás prestadores (por ejemplo, en transporte y profesionales) para mantener el servicio y su calidad. Por otra parte, además de ser cada vez más problemático el acceso a las pensiones por discapacidad, que representan el 70% de una jubilación mínima, el Gobierno puso en marcha una auditoría para evaluar las pensiones ya otorgadas, a través de un proceso hostil y extremadamente lento que genera angustia e incertidumbre a las personas con discapacidad y su familia. En última instancia, el Gobierno Nacional decidió trasladar la Agencia Nacional de Discapacidad de la Jefatura de Gabinete al área de Salud. Esto es un problema porque la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y tiene carácter constitucional en nuestro país desde el año 2014, plantea un abordaje integral y romper con el paradigma de la medicalización, dado que las problemáticas y desafíos se cruzan también con Educación, Transporte y Trabajo. Por lo tanto, estas medidas representan un retroceso en materia de derechos. Se trata de políticas de maltrato que atentan contra la salud mental y física, vulneran derechos y tienen un impacto sumamente negativo y de aislamiento para las personas con discapacidad. 

LC7: ¿Qué es lo que le están pidiendo al Estado Nacional?

LJ: El principal reclamo consiste en que el Gobierno Nacional brinde prioridad presupuestaria a las personas con discapacidad; que se establezca un régimen de emergencia y se actualicen los aranceles de las Prestaciones Básicas de Atención Integral, conforme al IPC (Índices de Precios al Consumidor), para garantizar un servicio de calidad; que se regularicen las Pensiones No Contributivas y sean compatibles con el empleo formal y, por último, que la ANDIS vuelva al ámbito de la Jefatura de Gabinete o de la Secretaría General de la Presidencia. Actualmente, nos encontramos a la espera de que la Comisión de Presupuesto trate el Proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad del Diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación, para así pasar a la Cámara de Diputados. Este proyecto busca abordar la crisis en el sector de discapacidad, apunta a extender la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027 y entre sus principales objetivos incluye la actualización de aranceles y el fortalecimiento institucional para efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional con respecto a las leyes que lo instan a garantizar salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad.

LC7: Contanos un poco sobre IRTE y el trabajo que realizan.

LJ: En IRTE nos proponemos favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en los ámbitos socio-laborales, estimulando el desarrollo de habilidades que logren una mayor independencia en pos de una mejor calidad de vida. Somos una institución dedicada a la atención de personas adultas con discapacidad intelectual con y sin compromiso psiquiátrico asociado, que pertenece al Sistema de Prestadores Nacionales. Los prestadores brindamos servicios esenciales que propician los apoyos necesarios para la plena inclusión en la sociedad, favorecen la eliminación de barreras y potencian la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este fuerte ajuste presupuestario impartido por el Gobierno Nacional nos deja a todos al borde del colapso. Desde la institución ofrecemos talleres laborales y ocupacionales; deportivos y recreativos, espacios terapéuticos, prácticas laborales, la participación en ferias artesanales y viajes institucionales. 

LC7: ¿Cómo enfrentan el contexto económico actual?

LJ: Frente a un escenario tan hostil, garantizar nuestro servicio y sostener nuestras actividades resulta primordial y muy necesario. Durante todo este tiempo, hemos multiplicado nuestros esfuerzos para continuar brindando una prestación de calidad, garantizar el nivel de atención y cuidado de nuestra población, así como el cumplimiento de nuestras responsabilidades. En este contexto, se nos está dificultando cubrir los costos operativos de la institución. La situación actual nos trae ciertas limitaciones e impedimentos para realizar algunas actividades que resultaban ser habituales en nuestro desarrollo y cotidianeidad institucional. Continuar con propuestas como natación, torneos, salidas culturales y recreativas, que conllevan un costo adicional como el traslado o el alquiler del natatorio, se nos ha dificultado y prácticamente imposibilitado en este último tiempo. También, la participación en ferias y el ofrecimiento de prácticas laborales se ven obstaculizados por esta crisis. Nos resulta imposible llevar a cabo algunas actividades que son parte esencial de nuestro proyecto como la compra de nuevos materiales, el cumplimiento con escuelas verdes, el mantenimiento de la Huerta barrial de la calle Venancio Flores y Argerich, así como la organización de viajes institucionales.

LC7: ¿Qué medidas/eventos van a realizar desde la institución en el barrio?

LJ: A raíz de la problemática que estamos atravesando en el sector de discapacidad, en conjunto con la asociación de padres, APIN (Asociación de Apoyo Integral), hemos decidido organizar distintos eventos mensuales abiertos a la comunidad: bailes, bingos, varietés y festivales. El 12 de abril dimos inicio a este ciclo de eventos solidarios con “IRTE de FIESTA”, un baile con buffet pensado para personas adultas con discapacidad y acompañantes. Actualmente, nos encontramos organizando un Festival por el Día de la Patria y en contra del ajuste en discapacidad para el domingo 25 de mayo, abierto a toda la comunidad. El mismo contará con distintas propuestas artísticas: shows de bandas en vivo, sketches de teatro y números de danza. Abriremos las puertas de nuestra institución a las 12 del mediodía y ofreceremos un servicio de buffet que contará con comidas típicas, bebidas y stand de café. También, contaremos con una feria de productos artesanales y cerraremos el evento con DJ y clase abierta de danzas folclóricas. Lo interesante de la propuesta es que el precio de las entradas es flexible, se puede optar por distintas opciones que van desde los 8000 pesos, y se ofrece un acceso completo al evento con una consumición. En el caso de no poder asistir, también existe la posibilidad de aportar a través de un bono contribución, porque cada gesto, por pequeño que parezca, suma. En el marco de la emergencia en discapacidad, convocamos a toda la comunidad, vecinos del barrio de Flores, personas con discapacidad, familias, equipos e instituciones. La presencia de todos y todas hace la diferencia. 

LC7: ¿Qué proyectos tienen como institución para este año?

LJ: Más allá de todos los imponderables, creemos que existe una salida posible y se trata de trabajar en comunidad para recuperar espacios y hacer valer y respetar derechos. Si bien nos encontramos a la espera de que el Congreso trate el Proyecto de Ley de Discapacidad en Emergencia, entendemos que el mundo está cambiando y que es necesario adaptarnos a esta nueva realidad. Para ello estamos potenciando nuestras fortalezas, trabajando en equipo y en conjunto a las familias con el objetivo de producir eventos recaudatorios y generar lazos con negocios locales y empresas privadas. Con el fin de relacionarnos con dicho ámbito, estamos desarrollando propuestas de intercambios y trabajo en conjunto. Nuestro proyecto institucional a través de sus talleres ocupacionales y de reflexión, propicia la formación para el ámbito laboral de las personas adultas con discapacidad intelectual; con un abordaje interdisciplinario, brinda herramientas y un sistema de apoyos para poder efectivizar la salida laboral. La Ley 22.431, Ley de Cupo Laboral para Personas con Discapacidad, en Argentina, busca asegurar su derecho al trabajo, facilitar su inclusión y promover la igualdad de oportunidades. La formación en nuestra institución capacita a personas y las acompaña en el desarrollo de habilidades y competencias para completar ese cupo. Con una trayectoria de 35 años confiamos en que somos capaces de salir adelante y que tenemos la resiliencia necesaria para conseguir nuestros objetivos.

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