De nuevo el monopolio del papel

El congreso modificó la ley que garantizaba el acceso igualitario al papel en la industria gráfica. Los medios autogestivos de la ciudad se verán seriamente afectados en sus costos para mantenerse en circulación y en la valiosa función social y comunitaria que cumplen en cada uno de los barrios porteños.

El 22 de diciembre de 2011 se sancionó la Ley 26.736 que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

Esto aseguró -hasta este año- el acceso igualitario a todos los medios gráficos que requerían el insumo, favorecía la producción nacional, permitía conocer el stock, impedía la discriminación en el abastecimiento y regulaba a través de un precio único de pago al contado la venta del papel de diario.

Este escenario se modificó ahora con la aprobación en el Congreso del proyecto de ley impulsado por el diputado Diego Bossio y acompañado por los bloques del Peronismo Federal, el PRO, la UCR y el Frente Renovador, que acentúa nuevamente la concentración del poder económico y los monopolios del papel.

En medio de un contexto de ajuste, tarifazos, devaluación, inflación, recesión y desindustrialización, la modificación a la Ley 26.736 resulta un tiro de gracia para la comunicación autogestiva, que ya atravesaba una crisis producto de estas mismas políticas.

En la Ciudad de Buenos Aires existen muchísimas publicaciones periódicas y revistas culturales que revisten de este carácter y, en este sentido, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) dio a conocer una “Declaración de Emergencia” en la que se da cuenta que estos medios registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 %; que el 50 % de las revistas redujo su tirada; que un 25 % redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión y que, solo de mayo a junio de 2018, los costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 % de los títulos.

En términos legales, el Congreso derogó los  artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 con la excusa de “corregir ciertos efectos negativos en la aplicación” y -según dicen- aprovechar el “avance del mundo digital en los medios de comunicación”.

La consecuencia de esta política legislativa es el claro retroceso de las conquistas de la industria gráfica en los últimos años y un avance contra la libertad de expresión y la diversidad de voces necesarias para la construcción de una democracia más justa.