#3J Ni una menos

Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades de la Comuna N° 7 dicen ¡Basta de violencia! y afirman que las sostienen las redes feministas. LC7 reproduce el comunicado completo para sus lectores/as.

Según la organización Mumalá, durante el 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en Argentina. De las cuales 270 fueron femicidios directos, femicidios vinculados y trans- travesticidios. Por su parte, el Observatorio de las Violencias de género “Ahora que sí nos ven” registró los siguientes datos: 288 femicidios fueron cometidos entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de 2021, lo que representa 1 femicidio cada 30 horas durante el año de pandemia.

El 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas. El 65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. 46 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 20 víctimas tenían medidas de protección. Asimismo, desde enero hasta el 30 de abril de 2021 se produjeron 92 femicidios, 5 transfemicidios y 7 femicidios vinculados de varones, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro.

Estas cifras nos permiten arribar a la conclusión de que cada 29 horas en Argentina se produce una muerte violenta vinculada a cuestiones de odio por motivos de género.

En principio, esto nos alerta no sólo acerca de la magnitud de la cuestión, sino de la necesidad urgente de políticas públicas que den respuesta a la problemática de la violencia por motivos de género. En este sentido, desde el Movimiento de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no binaries de la Comuna 7 estuvimos presentes durante el desarrollo del Operativo Territorial del Programa ACOMPAÑAR dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad nacional. El objetivo del programa es fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género mediante un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses y un acompañamiento integral para garantizar el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial que debe estar coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

Durante la semana del 10 al 14 de mayo, acompañamos el operativo territorial que tuvo lugar en el Club Flores Sur ubicado en Arrotea 951. Desde nuestro rol como promotoras territoriales de género recibimos las solicitudes, asesoramos y contuvimos a más de 700 personas que se acercaron para inscribirse al programa.

La Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres define como uno de los tipos de violencia a la “violencia económica y patrimonial”, como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de:

-La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

-La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

-La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

-La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”. Esta norma estipula una serie de medidas de protección para las mujeres a los fines de salvaguardar sus bienes y patrimonio y, de ese modo, restablecer su autonomía.

A su vez, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) establece que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones y sobre la violencia económica refiere que “la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas”. La Convención Belém Do Pará en su art. 5 hace mención al compromiso de los Estados Partes de garantizar la protección de estos derechos en el marco de los DDHH y reconoce que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio de esos derechos. Tanto CEDAW, como Belém Do Pará son parte de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, para trabajar en la prevención y erradicación de las violencias de género.

Como Movimiento de compañeres organizades entendemos que es fundamental la articulación de las organizaciones sociales con las herramientas del estado, en función de optimizar la intervención y el abordaje de una problemática tan compleja, grave y urgente con el fin de acercar las políticas públicas a los territorios.

A pocos días de un nuevo #3J reivindicamos las consignas de Ni Una Menos: decimos ¡Basta de violencia! y afirmamos que nos sostienen las redes feministas. Resulta primordial comprender que para trabajar en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género es necesario generar y fortalecer las redes de contención y acompañamiento. Este es uno de nuestros compromisos como movimiento.

Firman: Melanie Ham (La Cámpora) – Julia Barro (Frente Patria Grande – Mala Junta – Poder Feminista) – Elisa Juarez (Corriente Nacional de la Militancia – Casa Dora Barrancos).

Fotografía: Nicolás Rosales.-