San Telmo: 80 vecinos fueron desalojados

Ocurrió en un edificio ubicado en Brasil al 400, a metros del Parque Lezama. Los damnificados, muchos de ellos con hijos menores de edad, denuncian maltratos y violencia policial.

Numerosas familias fueron desalojadas ayer en Brasil al 400, en San Telmo.

Más de 80 personas fueron desalojadas ayer de un inmueble ubicado a metros del Parque Lezama en el barrio porteño de San Telmo.

Según afirman los vecinos, la Policía Metropolitana fue la fuerza que estuvo a cargo del operativo y quien irrumpió en el lugar de forma violenta: al parecer, los agentes rompieron puertas y empujaron a los vecinos por las escaleras del edificio, entre ellos, a una mujer que cursa su tercer mes de embarazo, pudiendo ser ésto un riesgo para su salud y la de su futuro hijo.

“La forma en que se llevó a cabo el procedimiento es materia de análisis de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Se respondió con el aparato penal a una situación que es de extrema pobreza”, afirmó Sol Blasco, integrante del equipo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de la Defensoría, en declaraciones para el portal Infojus Noticias y luego agregó: “Los vecinos nos contaron episodios que habían pasado por la mañana, cuando comenzó el desalojo,  y nosotros lo registramos. Algunos incluso explicaron que se despertaron con los ruidos del operativo”, sostuvo Blasco al tiempo que precisó que en pocos días la Defensoría retomará el contacto con los vecinos damnificados para analizar la posibilidad de formalizar la denuncia en la justicia, debido a la gravedad de los hechos.

Por otro lado, también es repudiable el accionar y procedimiento que se siguió para llevar a cabo el desalojo. En relación a éste punto, Blasco sostuvo que es necesario “ajustar los protocolos de desalojo” en referencia al accionar de las fiscalías y la policía.

Mientras avance la investigación sobre el desalojo ocurrido ayer en San Telmo, la Defensoría registrará todo tipo de información relacionada con el procedimiento general porque no se tuvo en cuenta “que lo que hay son familias pobres. Se respondió con el accionar penal a una situación que es de extrema pobreza”, argumentó Blasco.

Madres y niños en la calle, tras el desalojo.

Una imagen vale más que mil palabras

Según relató Blasco, al momento que llegaron los miembros de la Defensoría al inmueble mencionado, se percibía la situación de extrema tensión, angustia y nerviosismo de los vecinos y se podía ver, además, a varios menores con sus juguetes tirados en la calle, rodeados de bolsas de ropa apiladas.

Por otro lado, la funcionaria denunció que “no hubo representantes del área social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del SAME, ni de la fiscalía que pidió el desalojo”. Muchas familias optaron por resistir el desalojo porque no tenían dónde vivir, mientras otras accedieron a irse advirtiendo el violento accionar de la policía.

Cabe destacar que el desalojo comenzó luego de una orden de la Unidad Sur del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Adrián Dávila. El mismo está enmarcado por el delito usurpación contemplado en el Código Penal. Al momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, mientras se aguarda que avancen las investigaciones y se formalicen las denuncias respectivas con la Policía Metropolitana.

El desalojo en primera persona

“Fue muy violento”, breve y concisa fue Daniela, una de las habitantes del edificio, al momento de relatar el desalojo. Daniela tiene 19 años y está cursando el primer trimestre de su embarazo. Hasta ayer vivía en uno de los departamentos del inmueble ubicado en Brasil al 400 junto a su pareja, un joven de 20 años. Hoy, no sabe dónde irán a vivir . “Nos despertó el ruido que hacían al romper las puertas y a los gritos nos empujaron por las escaleras sin fijarse que yo estoy embarazada», contó a la agencia de noticias Télam.

«Esta noche la vamos a pasar en lo de una amiga mía, pero mañana no sé a dónde vamos a ir, porque la plata que teníamos la usamos para comprar la pieza. La gente del gobierno porteño que vino a ver cómo nos desalojaban no nos dio ninguna solución», sentenció. Por otro lado, César, otro de los vecinos desalojados, contó que hace muchos años que vive en el lugar con su mujer y sus dos hijas y “aunque empezamos alquilando una piecita la terminamos comprando. La situación es muy injusta porque no nos avisaron del desalojo, no tuvimos tiempo de buscar otro lado, y sin embargo al restaurant de la planta baja no lo tocaron ni le dijeron nada a pesar de formar parte del mismo inmueble», cuestionó. Al igual que varios habitantes, no se explica por qué el desalojo fue perpetrado contra los habitantes del edificio, dejando de lado el local de comidas.

Por último, es importante destacar que desde la Dirección de Derechos Sociales de la Defensoría explicaron que el desalojo en sí mismo tenía dos ejes de conflicto: “uno que tenía que ver con el traslado de las pertenencias y otro con la fecha del subsidio habitacional que iban a cobrar por el desalojo”. Como respuesta, al parecer, enviaron “camiones que ayudaron a las personas a trasladar sus cosas a los lugares a los que se iban y se consiguió que hoy cobraran el subsidio prometido”.

Sin embargo, es pertinente cuestionar a las autoridades sobre cómo ayudaron a las personas que no tenían dónde ir a vivir como es el caso de Daniela y de tantos otros vecinos (si es que efectivamente colaboraron con ellas). Qué alternativa les brindaron y si recibieron contención emocional por parte de profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.