Por una integración unificada

La Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña propuso incluir al Barrio Ricciardelli, Villa 13 Bis, Rivadavia 1 y 2, Illia 1 y 2 y Bonorino 1, 2 y 3 dentro de un mismo plan de integración. La misma incluiría participación vecinal, empleo local y prohibición de desalojos.

La pospuesta urbanización del Bajo Flores volvió a ocupar un espacio importante en la Legislatura de la Ciudad. Allí se debatió la necesidad de avanzar con un plan integral de reurbanización que contemple a los distintos barrios y sectores que conforman esa zona del sur de la Ciudad. Este planteo apunta a evitar intervenciones fragmentadas y propone que todos los barrios sean incluidos dentro de un mismo proyecto.

El debate se produjo durante una reunión de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde el comunero Julián Cappa expresó su respaldo al expediente 2960-P-2026, presentado por la vecina Maryli Padilla y elaborado a partir del trabajo conjunto de vecinos, organizaciones políticas y sociales, comerciantes, delegados de manzana, comedores y referentes territoriales.

Este Plan Integral propone la reurbanización integral de los barrios Ricciardelli, Villa 13 Bis, Rivadavia 1 y 2, Illia 1 y 2 y Bonorino 1, 2 y 3.

Es central no dejar afuera de la reurbanización a ningún barrio, fue uno de los ejes del planteo realizado durante la reunión por el comunero Julián Cappa.

Por otra parte, los impulsores de la iniciativa recordaron que existen antecedentes legislativos y una historia de organización vecinal que se remonta a varias décadas. Uno de los principios centrales de la propuesta es considerar al Bajo Flores como un único barrio, formando parte de una política general y coordinada.

También la actividad comercial forma parte de la vida cotidiana de los barrios y, según los impulsores de la iniciativa, cualquier proceso de urbanización debería contemplarla para evitar que las obras afecten las fuentes de ingreso de los propios habitantes.

Otro de los puntos destacados es la propuesta de establecer una cuota de empleo del 80% para habitantes del barrio en las obras de urbanización. Dentro de esa política de empleo se propone dar especial impulso a la participación de las mujeres.

Asimismo, se propuso la prohibición de desalojos, ya que una política de urbanización debería garantizar que los habitantes históricos de los barrios no sean desplazados.

El debate legislativo se produjo en un contexto de reclamos vinculados con infraestructura, vivienda, servicios y mantenimiento urbano en distintos sectores del sur porteño. La reurbanización no debería limitarse a la construcción de viviendas o al mejoramiento de calles y servicios; también debería contemplar empleo, actividad comercial, participación comunitaria, permanencia de los habitantes y mejoras integrales en el hábitat.