Optimismo por la Ley de Alquileres

Fue representada en el Congreso y la Federación que agrupa a los inquilinos desea que sea aprobada este año. Había perdido estado parlamentario por la presión de las inmobiliarias y las internas de la política.

Después de muchos meses de trabajo en la defensa de los intereses y derechos de los inquilinos, la «Federación de Inquilinos Agrupados» que preside Gervasio Muñoz logró que la senadora Silvina García Larraburu ingrese en el Senado de la Nación el proyecto de una «Ley Nacional de Alquileres».

Esta iniciativa incluye casi todos los reclamos más frecuentes de quienes alquilan y apunta a reducir el «desequilibrio» entre las partes de la relación contractual.

Según datos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), en la Ciudad de Buenos Aires residen cerca de 3.000.000 de habitantes, de los cuales el 35% alquila una vivienda. Es decir que se estima que 1.000.000 de porteños alquilan y que en plaza existen unas 370.000 propiedades que se encuentran alquiladas.

Cabe recordar que este proyecto había sido discutido durante 2016 y logró aprobarse por unanimidad a fines de aquel año, pero en la cámara de Diputados el debate se frenó.

Recién pudo avanzar cuando el presidente Mauricio Macri, en octubre de 2018, advirtió la necesidad de avanzar con una ley y le pidió al bloque del oficialismo impulsar el debate.

Sin embargo, la presión de las inmobiliarias y las internas de la política hizo que el proyecto pierda su estado parlamentario.

Como se comenta en líneas anteriores, el proyecto fue reingresado, pero existe que la posibilidad que el gobierno nacional, a través del Secretario de Vivienda, Iván Kerr, presente un proyecto propio que no incluiría la regulación del precio de los alquileres.

En este sentido, Gervasio Muñoz afirmó que “presentar un proyecto que no contempla el aumento en el precio de los alquileres, es prácticamente lo mismo que no presentar nada. Hoy en día, los inquilinos destinamos el 54% de nuestros ingresos para afrontar el pago del alquiler. Porcentaje que no incluye impuestos, expensas ni tarifas de servicios públicos y que viene creciendo sostenidamente desde hace años”.

Los principales puntos del proyecto presentado por Silvina García Larraburu son:

PLAZO MÍNIMO: Se extiende de dos a tres años el plazo mínimo de un contrato de alquiler.

AUMENTO DE PRECIO: Se plantea que el precio aumente anualmente a través de un índice promedio entre el IPC, elaborado por el INDEC, y el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), elaborado por ANSES.

REGISTRO DE CONTRATOS: Los locadores deberán registrar los contratos de alquiler ante el Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de blanquear un mercado con altas tasas de informalidad.

DEPÓSITO EN GARANTÍA: Se reduce a un mes de alquiler por la totalidad del contrato y se establece que el locador deberá restituirlo actualizado al último mes del alquiler.

IMPUESTOS Y EXPENSAS: El inquilino no tendrá a su cargo el pago de los impuestos que gravan la propiedad ni las expensas comunes extraordinarias.

RENOVACIÓN DEL CONTRATO: Se introduce la obligatoriedad de acordar las condiciones de la renovación con tres meses de anticipación.