Avanza el debate por el Sistema Penitenciario porteño

Especialistas aportan perspectivas.

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, continúan los debates sobre los proyectos destinados a la creación de un Sistema Penitenciario propio, en el marco de un proceso que busca combinar seguridad, inclusión social y respeto a los derechos humanos. Esta semana, el foco estuvo puesto en la exposición de especialistas, referentes de la sociedad civil y académicos que compartieron experiencias y recomendaciones para mejorar las condiciones de detención y fortalecer la reinserción social.

Las comisiones de Justicia, presidida por Inés Parry; Legislación del Trabajo, a cargo de Matías Barroetaveña; Seguridad, con Gimena Villafruela; y Asuntos Constitucionales, bajo Hernán Reyes, recibieron a distintos actores sociales para analizar las iniciativas impulsadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Entre los primeros en tomar la palabra, Marta Laferriere, directora del programa UBA XXII, destacó la relevancia de la educación en contextos de encierro: “La educación es un pilar absolutamente necesario si pensamos en una transformación; se trata de construir ciudadanos”, afirmó.

El abogado y asesor parlamentario Carlos Adolfo Álvarez subrayó la necesidad de modernizar la gestión penitenciaria y capacitar al personal: “Los traslados a los juzgados son costosos y riesgosos, hay que ampliar las audiencias telemáticas. Además, la Legislatura debería controlar la implementación del nuevo sistema”.

También se abordó el rol de la dimensión espiritual. El pastor evangélico Osvaldo Carnival sostuvo que el acompañamiento religioso puede ser una herramienta para que los internos proyecten otra vida, y pidió que el marco legal contemple la capellanía interreligiosa.

Rocío Jara, referente de la Rama Liberados y Familiares del MTE y ex detenida, resaltó la importancia de políticas con perspectiva de género: “Las mujeres seguimos sosteniendo familias desde la cárcel. Es fundamental garantizar los derechos de nuestros hijos y acompañar en el arresto domiciliario”.

Por su parte, Mariano Bocassi, también referente de Liberados, celebró la convocatoria y enfatizó la centralidad de la educación y el trabajo en la reinserción: “No es lo mismo irse a la calle que irse en libertad. La educación y el trabajo son los pilares de la revinculación con la comunidad y deben estar en manos de los ministerios civiles, no del servicio penitenciario”.

Durante la jornada, el ex fiscal de la Ciudad Luis Cevasco compartió su experiencia de más de 50 años en el sistema penal, destacando la necesidad de diferenciar entre los distintos perfiles de personas privadas de libertad y subrayando el trabajo y el deporte como ejes de reinserción.

El abogado penalista Gabriel Lezzi alertó sobre la situación de las personas detenidas en comisarías: “Ni los lugares ni el personal están preparados para alojar presos”, advirtió, y destacó la urgencia de que la Ciudad cuente con un servicio penitenciario propio y con una ley de ejecución de la pena que regule el cumplimiento de condenas, incorporando herramientas modernas como la virtualidad en audiencias.

Dolores Irigoin, directora ejecutiva de la Fundación Espartanos, presentó la experiencia de la organización que utiliza el rugby como herramienta de transformación social, mientras que el investigador de la UBA Juan Pablo Parchuc planteó la necesidad de separar las funciones de seguridad de las educativas, sanitarias y laborales, proponiendo que estas queden en manos de profesionales civiles con autonomía institucional.

Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, calificó como histórica la oportunidad de la Ciudad de “pensar un sistema penitenciario desde cero”, mientras que Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, remarcó la importancia de diferenciar problemáticas de varones y mujeres, y de agrupar internos según edad y tipo de delito.

En el plenario, Macarena Fernández, coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del CELS, realizó observaciones críticas sobre los proyectos del Ejecutivo, en especial en relación con la ley de ejecución penal. Fernández advirtió que algunos artículos “desplazan el objetivo de resocialización hacia un enfoque centrado en la seguridad” y que podrían generar situaciones de violencia no reguladas, como el uso de armas dentro del encierro, que contravendrían normas nacionales e internacionales.

Además, Fernández señaló que el proyecto habilita la posibilidad de gestión privada en áreas como limpieza, alimentación, infraestructura y recreación, mientras que la custodia y las funciones del personal penitenciario seguirían siendo exclusivas del Estado. Según indicó, experiencias internacionales muestran que la gestión privada de cárceles suele ser costosa y poco eficiente.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, concluyó la reunión destacando que el objetivo es avanzar hacia un sistema penitenciario que integre distintas miradas y ofrezca herramientas de capacitación y reinserción, marcando un camino para la construcción de un servicio penitenciario propio en la Ciudad.

El debate continuará en el ámbito parlamentario, con el fin de consolidar un marco legal que combine seguridad, inclusión social, respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la educación, el trabajo y la reinserción social dentro del nuevo Sistema Penitenciario porteño.